El cableado aéreo forma parte de aquellos problemas urbanos cuya presencia cotidiana termina por normalizarse. Postes sobrecargados, líneas eléctricas y de telecomunicaciones superpuestas, conexiones fuera de uso, transformadores y cajas instaladas sin criterios de integración ocupan una parte considerable del paisaje de nuestras ciudades. Su acumulación afecta la seguridad y el funcionamiento del espacio público, pero también modifica la manera en que observamos calles, plazas, monumentos y edificios históricos. En sectores céntricos, patrimoniales o turísticos, esta situación adquiere especial gravedad porque la infraestructura destinada a prestar servicios termina compitiendo visualmente con los elementos que otorgan identidad al lugar.
La Serena ofrece un ejemplo evidente. La ciudad conserva un centro histórico reconocido como Zona Típica, cuya valoración descansa en la continuidad de sus calles, iglesias, fachadas y espacios públicos. Sin embargo, numerosos ejes todavía se encuentran atravesados por tendidos que fragmentan las perspectivas urbanas y ocultan parte de la arquitectura. El problema también aparece en sectores históricos de Coquimbo, especialmente allí donde se intenta recuperar la función cultural, comercial y turística del Barrio Inglés. Resulta contradictorio invertir en fachadas, pavimentos, luminarias, mobiliario y actividades de reactivación cuando buena parte de esa intervención permanece visualmente subordinada a una red aérea desordenada.
Durante los últimos años se han realizado avances en el retiro de cables en desuso. En 2023, las autoridades informaron la eliminación de aproximadamente trece mil metros de cableado en distintos ejes del centro de La Serena. En junio de 2026 comenzó una nueva intervención en el casco histórico, en el marco de la implementación de la normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a gestionar, ordenar y retirar líneas abandonadas. Estas acciones son necesarias y permiten recuperar parcialmente la seguridad y la imagen urbana. Sin embargo, ordenar el cableado existente no resuelve el problema estructural que produce su acumulación. Una red aérea puede encontrarse operativa y correctamente identificada, pero continuar afectando el paisaje, ocupando las fachadas y limitando la calidad de los espacios públicos.
El soterramiento aparece entonces como una alternativa especialmente pertinente para determinados sectores de la ciudad. Su principal ventaja consiste en liberar el espacio aéreo y devolver visibilidad a la arquitectura, los monumentos y las perspectivas urbanas. Esto no constituye una preocupación meramente estética. La lectura de un conjunto histórico depende de la relación entre sus edificaciones, la escala de sus calles, la continuidad de sus fachadas y la posibilidad de reconocer los elementos que organizan el paisaje. Cuando esa relación queda cubierta por cables y postes, el patrimonio puede conservarse materialmente y, al mismo tiempo, perder parte de su presencia dentro de la experiencia cotidiana.
El paseo semipeatonal del centro de La Serena permite observar de manera directa los efectos que produce el soterramiento sobre la experiencia urbana. En las calles intervenidas, la ausencia de postes y tendidos aéreos favorece una lectura más despejada de las fachadas, amplía visualmente el espacio público y mejora la continuidad del recorrido peatonal. El contraste se vuelve evidente al abandonar este perímetro e ingresar al anillo inmediatamente siguiente, como ocurre en calle Eduardo de la Barra o en algunos tramos próximos a la avenida Francisco de Aguirre, donde el cableado vuelve a ocupar el campo visual y a superponerse con edificios, árboles y perspectivas urbanas. La diferencia muestra cómo los efectos del soterramiento pueden apreciarse al recorrer, en pocos minutos, dos espacios contiguos sometidos a criterios de infraestructura diferentes.
La revitalización del Barrio Inglés impulsada a del siglo XXI durante la administración de Pedro Velásquez ofrece un antecedente en sentido contrario. La intervención recuperó fachadas, renovó pavimentos, incorporó infraestructura y promovió la consolidación del sector como foco cultural, turístico y recreativo. Sin embargo, el proyecto no consideró de manera integral la presencia del cableado aéreo. Como resultado, una inversión destinada a recuperar la imagen histórica del barrio mantuvo sobre sus calles y edificaciones una infraestructura que continuó interfiriendo con la lectura del conjunto. Ahora, décadas después, sigue afectando negativamente la imagen urbana del sector.
Las redes subterráneas también presentan ventajas funcionales. Al encontrarse protegidas frente al viento, la caída de ramas, los accidentes vehiculares y otras interferencias superficiales, pueden reducir determinados riesgos de interrupción y disminuir la ocupación física de veredas estrechas. Asimismo, permiten coordinar en una misma intervención la renovación de pavimentos, iluminación, drenaje, fibra óptica y otros servicios urbanos. La normativa técnica chilena reconoce tanto líneas eléctricas aéreas como subterráneas y establece requisitos específicos de seguridad para su construcción y funcionamiento. Por consiguiente, no se trata de una solución experimental, sino de una modalidad técnicamente regulada cuya aplicación depende principalmente de decisiones económicas, territoriales e institucionales.
El soterramiento, sin embargo, tampoco constituye una solución sencilla ni universal. Su ejecución exige abrir calles y veredas, construir ductos, cámaras de inspección y sistemas de evacuación de aguas, trasladar conexiones domiciliarias y coordinar empresas que operan infraestructuras diferentes. En centros históricos, estas obras pueden encontrar pavimentos antiguos, redes sanitarias incompletamente registradas, fundaciones, restos arqueológicos y espacios públicos cuya intervención requiere autorizaciones patrimoniales. La fragilidad de algunos inmuebles añade otra dificultad: las excavaciones, vibraciones y modificaciones de acceso deben planificarse con especial cuidado para no producir daños sobre aquello que se intenta poner en valor.
El costo inicial representa uno de los principales obstáculos. Las redes subterráneas requieren inversiones considerablemente mayores que la instalación de tendidos aéreos y sus fallas pueden ser más difíciles de localizar y reparar. Además, no quedan completamente protegidas frente a todos los riesgos. Una canalización mal diseñada puede verse afectada por filtraciones, inundaciones, sobrecalentamiento o intervenciones posteriores realizadas por otras empresas. La reparación de una línea enterrada puede exigir excavaciones y prolongar los tiempos de reposición. Por eso, los estudios comparativos advierten que el equilibrio entre costos y beneficios suele alcanzarse en segmentos determinados de la red, especialmente en lugares donde confluyen alta densidad urbana, valor patrimonial, actividad comercial, concentración de servicios y necesidad de renovación integral del espacio público.
Esta constatación obliga a abandonar dos posiciones igualmente insuficientes. La primera consiste en exigir el soterramiento inmediato de toda la ciudad, sin considerar su costo, complejidad ni pertinencia territorial. La segunda acepta que, por resultar costoso, debe permanecer indefinidamente fuera de las prioridades públicas. Entre ambas posiciones existe una política urbana posible: comenzar por áreas estratégicas y ejecutar el proceso de manera gradual, asociado a proyectos de renovación ya programados.
Los centros históricos, las plazas principales, los corredores turísticos, los entornos de monumentos y los sectores comerciales de mayor circulación deberían constituir la primera etapa. La intervención también podría aplicarse en calles que deban ser repavimentadas, evitando abrir dos veces el mismo espacio público. Cada renovación de veredas, mejoramiento vial o recuperación patrimonial representa una oportunidad para instalar ductos compartidos y dejar capacidad disponible para futuras conexiones. El mayor desperdicio aparece cuando una calle recién intervenida vuelve a excavarse pocos años después porque las redes no fueron coordinadas desde el comienzo.
La Avenida del Mar y la Costanera constituyen sectores donde el soterramiento podría producir beneficios urbanos, paisajísticos y turísticos especialmente visibles. En la actualidad, en el tramo comprendido entre la avenida Cuatro Esquinas y la avenida Francisco de Aguirre se está desarrollando una renovación de veredas que no incorporó el soterramiento del cableado. La omisión puede entenderse en tanto el proyecto tiene como objetivo específico mejorar las superficies peatonales, además de que una intervención subterránea eleva de manera importante su costo, complejidad y plazo de ejecución. Sin embargo, este caso también muestra la dificultad de coordinar obras urbanas que suelen planificarse por separado. Integrar ambas intervenciones habría permitido despejar las vistas hacia la bahía, liberar espacio ocupado por postes, mejorar la continuidad del paseo costero y reducir la necesidad de abrir nuevamente las superficies renovadas en una futura etapa. En un proyecto de esta naturaleza, la cercanía al mar obliga a considerar la corrosión provocada por el ambiente salino, la posible presencia de napas superficiales, el ingreso de agua a ductos y cámaras, y la exposición de algunos tramos a inundaciones por lluvia, marejadas o tsunamis. Estas condiciones no descartan el soterramiento, pero exigen canalizaciones impermeabilizadas, materiales resistentes, sistemas de drenaje y accesos de mantención cuidadosamente diseñados. Por su extensión y costo, una transformación completa del eje probablemente tendría que desarrollarse por etapas y asociarse a futuras renovaciones integrales del borde costero.
La dificultad institucional resulta tan importante como el costo. Las municipalidades administran el espacio público y promueven proyectos urbanos, pero no son propietarias de la mayoría de las redes. Las empresas eléctricas y de telecomunicaciones poseen responsabilidades, estándares técnicos y ciclos de inversión distintos. A ello se agregan la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los gobiernos regionales y, en zonas protegidas, el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin una planificación común, cada actor interviene de acuerdo con su propia necesidad y el resultado se acumula sobre postes, fachadas y veredas.
La Ley N.º 21.172 y su implementación reciente permiten avanzar en la identificación y eliminación de líneas de telecomunicaciones abandonadas. La normativa obliga a las empresas a ordenar sus instalaciones y contempla multas cuando no retiran elementos en desuso. Este marco constituye un avance significativo, aunque su propósito principal no es soterrar las redes existentes. La diferencia es relevante: retirar aquello que ya no presta servicio mejora la situación actual, mientras que el soterramiento exige una política de transformación urbana de mayor alcance.
Esa política debería incorporar inventarios públicos del cableado, catastros de ductos disponibles, planes de intervención por polígonos y convenios de financiamiento entre organismos estatales y empresas concesionarias. También resulta necesario definir quién asume el costo y bajo qué criterios. Cargarlo íntegramente a las municipalidades haría inviable el proceso para la mayoría de las comunas. Trasladarlo automáticamente a las tarifas podría distribuir sus efectos entre usuarios que no reciben directamente los beneficios de la intervención. Una solución razonable requiere combinar inversión pública, obligaciones empresariales y financiamiento regional o sectorial, concentrando los recursos donde exista una justificación urbana y patrimonial demostrable.
El soterramiento puede además convertirse en una oportunidad para ordenar otras dimensiones de la ciudad. Una intervención coordinada permitiría ampliar veredas, mejorar la accesibilidad universal, renovar pavimentos, incorporar arborización, modernizar luminarias y reorganizar las terrazas comerciales. El objetivo no debería reducirse a esconder cables. Debe consistir en recuperar integralmente el espacio público y establecer condiciones para que las futuras redes no vuelvan a reproducir el mismo desorden bajo una forma diferente.
También se requiere una regulación más estricta para las nuevas urbanizaciones. Resulta poco razonable continuar autorizando barrios, loteos y grandes proyectos inmobiliarios con tendidos aéreos que dentro de algunos años deberán ser ordenados o retirados. Cuando las obras comienzan desde cero, la incorporación de ductos resulta menos compleja que intervenir posteriormente una calle consolidada. El soterramiento debería dejar de entenderse como una corrección excepcional y pasar a formar parte de los estándares ordinarios de urbanización en áreas de alta densidad, centralidad o valor paisajístico.
La experiencia de La Serena demuestra que retirar toneladas de cables abandonados puede despejar parcialmente las calles, pero también revela cuánto tiempo se permitió su acumulación. La pregunta que corresponde formular ahora es qué paisaje urbano se espera construir después de completar ese retiro. Si las líneas activas continúan creciendo sobre los mismos postes y fachadas, el problema volverá a reproducirse. La ciudad necesita pasar desde las campañas periódicas de limpieza hacia una estrategia permanente de sustitución, canalización y prevención.
Soterrar todas las redes de manera inmediata no es técnica ni financieramente realista. Mantenerlas indefinidamente sobre los espacios más valiosos de la ciudad tampoco resulta aceptable. La respuesta debe comenzar por reconocer prioridades. Los centros históricos, los barrios patrimoniales y los principales corredores turísticos concentran razones urbanas, culturales y económicas suficientes para iniciar una transición gradual. La recuperación de esos lugares permanecerá incompleta mientras su arquitectura continúe observándose detrás de una infraestructura que, aun siendo necesaria, no debería seguir ocupando el primer plano de la ciudad.
Bibliografía
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DEL FARO AL PUERTO 